La Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo de
China, aprobó hoy dos esperados avances en política social y de derechos
humanos del régimen comunista, el fin de los controvertidos campos de
reeducación y la relajación de la no menos criticada política del hijo
único.
Ambas decisiones han sido tomadas en la última reunión del año de la
ANP, tras una semana de deliberaciones y un mes y medio después de que
el Partido Comunista de China (PCCh) prometiera éstas y otras reformas
sociales y económicas.
Los campos de reeducación mediante el trabajo ("laojiao") son
abolidos casi 60 años después de que fueran instaurados por el régimen
entonces liderado por Mao Zedong, "tras cumplir su misión histórica",
según aseguró hoy la agencia oficial Xinhua.
La ANP especificó que, una vez promulgada la resolución, aquellos que
cumplen pena en estos centros serán libres, aunque también subraya que
los castigos que fueron impuestos antes de la abolición son "válidos".
El sistema de campos de reeducación fue instaurado en 1957 como un
sistema para posibilitar castigos rápidos a delincuentes menores y
ordenar privaciones de libertad de hasta cuatro años sin necesidad de
sentencia judicial (bastaba con una decisión policial).
El "laojiao" acabó convirtiéndose en una herramienta política y
sirvió por ejemplo para privar de libertad tanto a intelectuales (en las
campañas contra "derechistas" de 1957) como a muchos de los estudiantes
que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Los abusos siguieron en décadas posteriores, y además de servir de
centros de retención contra prostitutas, drogadictos o ludópatas, se
utilizaron como castigo a sujetos "incómodos" para el régimen, desde
disidentes a peticionarios o miembros del movimiento espiritual Falun
Gong, prohibido por Beijing en 1999.
El pasado año, el caso de Tang Hui, una madre china que fue confinada
en estos campos por pedir a las autoridades justicia contra quienes
habían violado y prostituido a su hija de 11 años, sensibilizó
enormemente a la sociedad nacional y se multiplicaron las voces contra
estos campos, incluso en el seno del régimen.
Estimaciones de grupos de derechos humanos calculan que hasta 300 mil
personas por año fueron confinadas en estos centros, muchos de ellos
secretos y que según organizaciones no gubernamentales pro derechos
humanos violaban la Convención Internacional de Derechos Políticos y
Civiles, firmada por el Gobierno chino en 1998 pero aún no ratificada.
La abolición de los "laojiao" es recibida con esperanza pero también
con cautela por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional, con una larga historia de críticas a estos
centros de castigo, teme por ejemplo que tras la reforma sólo cambie la
apariencia de estos campos y se mantengan los trabajos forzados contra
disidentes o activistas sociales.
"China debe asegurarse que la reforma no termina en otro instrumento
que siga permitiendo violaciones de derechos humanos", señala un
artículo de opinión muy crítico contra estos campos que hoy publica el
oficial "China Daily".
Respecto a la reforma legal de la política del hijo único también
oficializada hoy, permitirá un segundo vástago a las familias en las que
uno de los cónyuges carezca de hermanos (antes esta excepción sólo se
ofrecía si tanto el padre como la madre cumplían el requisito).
La resolución establece que ahora está en manos de las asambleas
provinciales chinas la puesta en práctica de la nueva política, ya que
la aplicación de ésta varía según cada división administrativa.
El parlamento de Beijing, por ejemplo, ya ha empezado a debatir los
cambios, y se calcula que en la capital entrarán en vigor hacia marzo de
2014, fecha en la que otras zonas más desarrolladas del país podrían
adoptarla también.
Autoridades sanitarias y de planificación chinas calculan que esta
reforma hará que nazcan dos millones de niños chinos más cada año,
aumentando de siete a nueve millones la cifra total de nacimientos
anuales.
La política del hijo único se inició a finales de los 70 y principios
de los 80 para frenar la superpoblación, pero en los últimos años
expertos y legisladores chinos han abogado por su relajación, debido a
problemas derivados de ella como el rápido envejecimiento poblacional o
la escasez de mano de obra.
En 2012 la población activa china bajó en 3.45 millones de personas,
mientras que los chinos mayores de 60 años son ya casi la tercera parte
del total (400 millones), tendencias que unidas ponen en peligro la
continuidad del crecimiento de la segunda economía mundial.
El régimen comunista argumenta que si la política del hijo único no
se hubiera aplicado actualmente el país acusaría mayores problemas de
superpoblación, pues tendría mil 700 millones de habitantes, en lugar de
los mil 300 millones actuales.
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